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Tras cerrar filas con Pro y bloques aliados, logró meter una cuña en la UCR; los bloques provinciales no definieron postura, pero evalúan ausentarse o abstenerse en una eventual votación
Tras escenificar en la Casa Rosada su alianza con el bloque Pro, el oficialismo confía en torcerle el brazo a la oposición en la Cámara de Diputados cuando intente, este miércoles, insistir con la ley que mejora los haberes jubilatorios, la cual recibió un veto total del presidente Javier Milei. Los oficialistas creen que sumarán, además, un puñado de diputados radicales conversos y el apoyo tácito de algunos bloques provinciales que, si bien votaron en su momento la ley, ahora se mostrarían prescindentes.
“La tenemos complicada, aunque no es imposible”, admiten los opositores embanderados detrás de la proeza de alcanzar los dos tercios de los diputados presentes e insistir con la norma. La sesión especial fue convocada por la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Se descuenta que Unión por la Patria y la izquierda aportarán alrededor un centenar de votos. Se juegan todo a un pleno, pues la Constitución Nacional prevé que si no se reúne esta mayoría agravada, no se podrá volver a insistir en la ley vetada en lo que resta del año parlamentario.
Si bien en junio pasado el proyecto se aprobó con 160 votos positivos –una cifra que más que duplicó a los negativos– esta instancia es políticamente diferente. En aquel entonces se trató de una media sanción que debía cumplir su derrotero (impredecible) en el Senado; ahora, con la ley sancionada –y vetada–, insistir con la norma implica ir al choque directo con el Gobierno y enfrentar la furia de un presidente desautorizado.
No todos en la oposición dialoguista se animan a ir tan lejos. Sea por temor a los ataques libertarios en las redes, por especulación electoral o por convicción, media docena de diputados de la UCR claudicará y avisó que no se sumará esta vez a los dos tercios de los votos. En este lote figuran el tucumano Mariano Campero, Roxana Reyes –en tratativas con la Casa Rosada para una alianza electoral en Santa Cruz–; el cordobés Luis Picat y el misionero Martín Arjol, también tentado para encabezar una lista con libertarios en su territorio. Tampoco será de la partida el entrerriano Pedro Galimberti, quien renunció a su banca para ocupar un cargo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Su reemplazante, Nancy Ballejos, es de Pro e integrará la bancada que conduce Cristian Ritondo.
En zona de duda se ubican los radicales Francisco Monti (Catamarca) y Soledad Carrizo (Córdoba), como así también los legisladores que responden a los gobernadores Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, reacios a enemistarse con la Casa Rosada.
Con esta cuña en el bloque que conduce Rodrigo de Loredo, el oficialismo está más cerca de alcanzar el tercio de las voluntades que requiere para bloquear la ofensiva opositora. Si todos los legisladores están presentes en sus bancas, deberá reunir 86 votos. De lograrlo, será un triunfo para la Casa Rosada y un golpe para el partido centenario, que se mostrará no solo dividido sino obligado a explicar por qué algunos de sus diputados hace dos meses votaron sin fisuras “en defensa del poder adquisitivo de los jubilados” y, tres meses después, contradicen su voto.
El oficialismo descuenta que esta vez no habrá fugas en el bloque de Pro –en la sesión de junio tuvo 7 ausencias, entre ellas las de María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato– por lo que ambas bancadas reunirían, con sus bloques satélites, unas 80 voluntades.
“Vamos a bancar el veto, pero sabemos que el costo político va a ser muy alto –se sinceró un encumbrado dirigente de Pro–. Se lo dijimos al Gobierno en la reunión de hoy [por ayer], lo óptimo hubiese sido un veto parcial que permita una recomposición mínima de los haberes, pero ellos no lo entienden: creen que esto les va a ser inocuo. No va a ser así”.
Indefiniciones
De sumar a los legisladores de Innovación Federal –que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro–, el oficialismo habrá ganado la partida. Este bloque, que en su momento votó a favor de la norma, ahora se muestra sugestivamente cauto.
“Todavía no definimos una posición”, deslizan, aunque hicieron trascender que tal vez no participarían de la sesión o se abstendrían, lo que no favorece a los opositores.
La ley jubilatoria que el presidente Javier Milei vetó establece cuatro ejes claves: por un lado, propone esta recomposición del 8,1% en los haberes. Este punto es el más digerible por el Gobierno; de hecho, lo había incluido en el dictamen que el oficialismo presentó en el Senado, aunque no prosperó. Sin embargo, hay otros tres puntos que el Gobierno no acepta por considerar que vulneran el equilibrio fiscal: uno de ellos es el que propone un aumento anual adicional en marzo según la diferencia entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El segundo artículo resistido por el oficialismo es el que establece la garantía de un haber mínimo para quienes cobran una única prestación previsional, mientras que el tercero es el que prevé la cancelación de deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales no transferidas. Este último es el que mayor rechazo genera en el Gobierno.
Un sector de la oposición dialoguista propone considerar la posibilidad de una insistencia parcial al veto total impuesto por Milei. Esta solución intermedia permitiría, aducen, sumar más voluntades a los dos tercios necesarios. Hubo un antecedente en ese sentido en 2002, con la ley de Propiedad Participada para los agentes de YPF, alega la diputada Soledad Carrizo. Una salida que, al menos, podría salvar del veto la recomposición del 8,1% de los haberes jubilatorios, aunque no el resto del articulado.
Sin embargo, Unión por la Patria ya anticipó que no está de acuerdo con esta “solución sui generis” que propician los dialoguistas. Su voluntad es insistir en todo el articulado de la ley vetada.
