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La sesión está convocada para el miércoles a las 11; los números aparecen ajustados tanto para el oficialismo como para la oposición, el resultado dependerá de las ausencias y abstenciones
El Gobierno y las universidades se enfrentan en una ajustada pugna en el Congreso. El apoyo de Mauricio Macri al veto presidencial que dejó sin efecto la ley de financiamiento de la educación superior fue un espaldarazo para el oficialismo, aunque insuficiente.
Las estimaciones indican que hay 80 votos a favor de la voluntad de Javier Milei, 159 en contra y 15 en duda. Es decir, el Gobierno todavía no cuenta con la garantía de una victoria, como tampoco la oposición. Ambos bandos se encaminan a una sesión incierta donde las ausencias y abstenciones serán determinantes para definir el resultado.
El recinto debatirá la ratificación o rechazo de la impugnación el miércoles a partir de las 11. Hasta ese momento, todos harán cuentas. Esta incertidumbre dejó en claro que nada es estático en materia legislativa. El tercio de diputados que reunió Milei para derribar la reforma previsional no fue un compendio inalterable: muchos de los “87 héroes” que fueron fotografiados en Olivos junto al Presidente ahora podrían modificar su posición.
El bloque más homogéneo podría ser Pro. Es probable que los 35 que acompañaron la impugnación previsional vuelvan a hacerlo esta vez con el presupuesto universitario. No obstante, se especula con que se repitan las ausencias y rechazos. Si bien el comunicado del partido nacional fue contundente al anticipar su apoyo al veto, cada legislador definirá su posición según sus prioridades. Se espera que Álvaro González y Héctor Baldassi, cercanos al exalcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, voten con la oposición. “Para los que se inclinaban por rechazar la decisión de Milei les será más difícil la decisión, pero el comunicado no define nada”, especuló un referente de la bancada que conduce Cristian Ritondo en Diputados. Hay dudas sobre Héctor Stefani, de Tierra del Fuego, quien podría volver a ausentarse.
De los cinco radicales que se diferenciaron de su bloque y se fotografiaron en la Casa Rosada junto a Milei, solo tres lo acompañarían. Se trata de Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier. Martín Arjol y Pablo Cervi están en duda y podrían ausentarse, al igual que Fernando Carbajal, quien forma parte del compendio de los opositores acérrimos cercanos a Facundo Manes, pero que esta vez se encuentra de viaje.
El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) aportaría solo dos diputados. El jefe de la bancada, Oscar Zago, está fuera de la Ciudad y no llegará a tiempo para sentarse en su banca.
No está claro que los dos legisladores del gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, se vuelvan a plegar a la decisión del Poder Ejecutivo. En la misma línea se ubican a los tres tucumanos del bloque Independencia que responden a Osvaldo Jaldo. Tras la movilización del miércoles pasado, Jaldo emitió declaraciones en favor de las universidades. “No hay duda que hay que asignarle presupuesto”, dijo a la prensa un día después de la masiva marcha. Y argumentó que las casas de altos estudios son las “formadoras de los futuros profesionales en Tucumán, en Argentina y en todo el territorio nacional”. “Estos altos índices de pobreza los vamos a sacar adelante con educación, desde el nivel inicial hasta llegar a una universidad y obtener un título”, afirmó. En un gesto hacia la Casa Rosada, también se mostró a favor del control de los fondos: “Como recibimos recursos que son de la comunidad, no debemos molestarnos porque nos hagan auditorías o controlen los recursos que se nos asignan”.
Los ocho integrantes de Innovación Federal, donde mandan los mandatarios provinciales de Misiones, Río Negro y Salta, podrían modificar su voto. Si bien se abstuvieron en el veto previsional, esta vez se inclinarían por el rechazo. Lo comunicó esta mañana el legislador misionero, Alberto Arrúa, quien anticipó que rechazará la impugnación de Milei y deslizó en diálogo con FutuRock que su bloque podría acompañar su decisión.
Quienes buscan insistir con la norma que incrementa los recursos para las universidades tampoco reúnen los 170 votos para blindar la ley. Como la Constitución Nacional indica que para resistir una impugnación presidencial el Congreso deberá conseguir dos tercios de los legisladores presentes, el resultado dependerá, entonces, de las ausencias y abstenciones.
A este compendio podría sumarse la mendocina Lourdes Arrieta, quien se abstuvo de tomar partido durante la discusión sobre jubilaciones. “Tiene media mano y un poquito más en favor de rechazar el veto presidencial”, indicaron a LA NACION allegados de la diputada que en agosto pegó el portazo del bloque oficialista.
Los cambios de posición de algunos legisladores podría responder a diferentes estímulos. Muchos siguieron con detenimiento la masiva marcha que el miércoles pasado copó las inmediaciones del Congreso. Los jóvenes constituyen, además, un electorado al que todos quieren tener de su lado: representan la continuidad de cualquier esquema de poder. Se le suma el crecimiento de la desaprobación a la gestión libertaria en las últimas semanas, un detalle que en política nunca pasa desapercibido.
Un factor nada despreciable es la presión que ejercieron los rectores universitarios a los representantes de sus provincias. Hace un mes, la rectora de la Universidad de Cuyo, Esther Sánchez, les pidió auxilio a los legisladores mendocinos para mejorar los recursos destinados a la educación superior. Lo mismo hicieron los referentes de la Universidad Nacional de Córdoba, de La Pampa, la Patagonia y las desplegadas en territorio bonaerense, entre otras. “Van a la guerra como vietnamitas”, graficó a LA NACION un diputado Pro.
Frente a este complejo escenario, algunos referentes macristas trataron de advertir al Gobierno sobre el sinsentido de vetar una ley que espiralizará el conflicto social y que, a la vez, no supondrá un gasto que ponga en jaque las cuentas públicas. No lograron disuadir al Presidente. Para el Jefe de Estado es algo simbólico: no quiere ceder ante los “degenerados fiscales”.
Según el decreto de Milei que oficializó el veto a la ley de financiamiento universitario, ese proyecto significa un gasto adicional para este año de $811.569 millones. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en cambio, estimó que para este año tendrá un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI.
