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Precisaron que en la Oficina Municipal del Consumidor, del que depende, en los primeros 5 meses del 2024 se realizaron 893 consultas sobre la temática.
Esta tarde, viernes 24 de mayo, en el Salón de los Acuerdos “Dr. Lisandro de la Torre” se efectuó la primera reunión del año del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda Única, Inquilinos y Pymes que depende de la Oficina Municipal del Consumidor, ocasión en la que se difundió el informe sobre lo efectuado en los primeros 5 meses del 2024, respecto a denuncias por la temática tanto de alquileres, como a administradores de consorcios.
Posteriormente legisladores locales y provinciales y representantes de organizaciones vinculadas al tema plantearon sus opiniones sobre la actual situación.
Lo realizado en 5 meses
El coordinador del Consejo, Ariel D’Orazio, al abrir la reunión expresó su agradecimiento a legisladores y organizaciones por su participación en el encuentro y presentó el informe sobre lo realizado en los primeros 5 meses del año respecto a viviendas o alquileres, con 893 consultas, 192 por correo electrónico; 575 de manera presencial; 66 por teléfono y 60 a través de redes sociales.
De ellas el 55,87 por ciento de las consultas, 499, fueron motivadas por problemas vinculados al alquiler y 40,08 por ciento, 358, respecto a administradores de consorcios. En tanto un 4,05 por ciento correspondieron a usuarios de empresas que comercializan planes de financiación anticipada para la adquisición de viviendas, contra empresas de construcción de viviendas prefabricadas o contra empresas constructoras o fideicomisos.
Respecto a las 499 consultas vinculadas a alquileres el 94 por ciento correspondió a inconvenientes en locaciones de viviendas con destino familiar y el 6 por ciento sobre alquileres comerciales.
Se precisó que el 62 por ciento fueron contra inmobiliarias, y en tal sentido se indicó que varias no están inscriptas en el Colegio de Corredores Inmobiliarios; el 27 por ciento contra dueños directos y un 11 por ciento contra estudios jurídicos o contables.
El 36 por ciento de los reclamos se relacionó con las condiciones contractuales de renovación de los contratos de alquiler a partir de la derogación de la ley nacional de Alquileres, Nº 27.737.
Acerca de las 358 denuncias contra administradores de consorcios se precisó que la Oficina Municipal del Consumidor al corriente mes de mayo tiene registrado 189 administradores de consorcios en el Registro Público de Administradores de Consorcios.
De tales denuncias el 54 por ciento tuvieron resolución favorable; el 8 por ciento desfavorable; un 27 por ciento solamente buscaban asesoramiento y un 11 por ciento aún se encuentra en trámite.
De legisladores y organizaciones
El diputado provincial Miguel Rabbia, de Construyendo Futuro, reconoció el “largo trabajo” en la temática del Consejo e hizo mención al proyecto que presentara cuando era senador departamental por Rosario “para regular la actividad de los administradores de consorcios, dado que la normativa local fue vetada por la justicia, por ello una ley para darle marco provincial”.
Indicó que “éste proyecto sigue estando en el Senado” y anticipó que lo ingresará también en la Cámara de Diputados. Precisó que “no conozco el número exacto de administradores, pero tiene que haber resguardo, tiene que haber sanciones, matrícula” y aclaró que “no un colegio, dado que el rol regulador debe estar en manos del Estado”.
Con respecto a la cantidad de administradores D’ Orazio precisó que son aproximadamente 2.000 en la ciudad.
En una nueva intervención el coordinador del Consejo destacó la tarea del personal que atiende diariamente, “Emilia, Julieta, Belén y Dante, que son los que reciben los reclamos”.
Destacó que aproximadamente se está “en el 60 por ciento de efectividad, pero la idea es mejor eso, por eso es importante la cercanía con las organizaciones sociales”.
Recordó lo ocurrido a partir de la derogación de la ley de alquileres, cuando no se sabía que índices adoptar para los alquileres, y dijo que algunos utilizaban el Casa Propia, otros el de inflación.
Igualmente hizo referencia a que “se volvió hacia atrás respecto a lo dicho por el Código Civil y Comercial en su artículo 1209, respecto a qué tipo de expensa le corresponde abonar al inquilino” y sobre la necesidad de trabajar con el Colegio de Corredores, “por la falta de legislación vigente”.
En su primera intervención la concejala Norma López, de Justicia Social, recordó unas jornadas que promovió el año anterior el diputado Rabbia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, y planteó que “algunas de las cuestiones podríamos retomarlas”.
En tal sentido el diputado Rabbia estimó que “podríamos reeditarlas con un análisis de lo ya realizado”.
Mencionó D’Orazio que el Registro Público de Administradores de Consorcios “es voluntario, por las trabas judiciales” y dijo que unos 190 están inscriptos; otro tanto en la Cámara de la Propiedad Horizontal, “pero hay otros 1.600”, para enfatizar que “el 65 por ciento de la población de Rosario habita en propiedad horizontal” para destacar encuentros con la cátedra de Derechos Reales de la Facultad de Derecho con los profesores Daniel Luna y Gustavo Nadalini y también mencionó a Valeria Vaccaro.
El concejal Lisandro Cavatorta, del bloque Justicialista, planteó la “posibilidad de acercar a las partes, de encontrar a las partes”-
Emmanuel Canelli, presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario, indicó que “el 60 por ciento vive ahí”, en propiedad horizontal, pero sostuvo que los inquilinos la relación la tienen con los propietarios o con las inmobiliarias.
El concejal Agapito Blanco, de Juntos por el Cambio, consideró que “tiene que haber una ley provincial” sobre el tema administradores y estimó a partir de proyectos existentes que “la base está”. Acotó que “hay mal práctica sí, hay especulación sí, pero los que laburan bien necesitan una ley”.
Nire Roldán, de la Concejalía Popular, afirmó que “es un tema central, un problema grave”.
Dijo que “hoy estamos totalmente desregulados, no hay dos inmobiliarias que contesten lo mismo”.
Reclamó la necesidad de un observatorio para contar datos sobre la actividad, para conocer “cuántos alquilan, cuantos viven en pensiones” y precisó que “no sabe el Estado cuantas pensiones hay” para marcar que “va uno con un revólver y lo saca y nadie hace nada”.
Entre los proyectos planteó la creación del servicio público de alquileres, un registro de contratos de alquiler, vivienda pública en alquiler –indicó que hay proyectos de concejales en tal sentido- y que hay experiencias, como “el modelo austríaco, en Inglaterra, Francia, España”.
Aludió, de igual modo, a la cuestión de las plataformas virtuales, “que no se queden con el mercado de alquileres” y como ejemplo mencionó a Zona Pro, “que tiene 100.000 propiedades en su carpeta”. “Hay que frenarlos antes que se apropien del mercado”, reclamó.
En una nueva intervención Canelli , recordó la situación producida a partir de no contar con un marco regulatorio y mencionó que “la ley de alquileres había sido votada por unanimidad en la Cámara de Diputados, y casi de manera unánime en el Senado”.
Más adelante explicó que “empezó a decirse que la ley era mala, que se estaba así por la ley, que el Estado se metió” y “se terminó con la reforma entre las elecciones generales y el ballotage”.
Consignó los problemas generados y dijo que “con la llegada de Javier Milei, y el decreto de necesidad y urgencia la primera ley que afecta es a la de alquileres” para sostener que “la situación es caótica” e indicar que “todos buscamos soluciones dentro del sistema capitalista”.
Destacó que a partir de un trabajo con una cátedra de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) , respecto a los contratos firmados desde enero a la actualidad, que “no es sorprendente, pero sí alarmante”. Aludió a los precios que se abonan y que “el 62 por ciento lo suscribió –a los contratos- por inflación” y estimó que “cada tres meses te vas a tener que mudar” por el fuerte incremento locativo.
El presidente de la delegación Rosario de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Leandro Natali, a su turno, dijo que si bien la situación no es como la de aquellos que alquilan una vivienda, “el 70 por ciento de nuestros asociados –comerciantes o industriales- alquilan la unidad de trabajo”.
Hizo también referencia a los inconvenientes al tener que efectuar una mudanza, en el caso de una industria de “trasladar máquinas” o en el caso de un comercio “de perder cierta clientela”.
Agregó Natali, otro aspecto, dijo que en las pymes, es otra la relación entre sus trabajadores y los dueños, y dijo de la preocupación, cuando los empleados “destinan el 50 por ciento de sus ingresos para pagar alquiler y expensas”.
Más adelante la concejala López, precisó que el año pasado había efectuado una consulta con un grupo de estudio para medir la evolución de los alquileres comerciales, y en tal sentido dijo que lo aportaría para el trabajo en el Consejo.
D’Orazio explicó luego que la intención “es sistematizar lo que hay en el Concejo y consensuar con las organizaciones” y mencionó una tarea que están realizando respecto a adultos mayores y expensas.
La secretaria de la Oficina Municipal del Consumidor, Silvana Teisa, por su parte, hizo mención a la tarea encarada “con los sindicatos” con una encuesta permanente sobre vivienda.
El edil Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía, consignó la necesidad de “reflotar todo lo que haya perdido estado parlamentario” y trabajar no sólo en el ámbito local, sino también con los legisladores provinciales. También subrayó la necesidad de “reuniones más sistemáticas”.
Cannelli, en otra intervención, consignó la necesidad de “aclarar lo que se paga por la tasa general de inmuebles (TGI)” y en tal sentido que se determine que paguen el titular de la propiedad y el inquilino el 50 por ciento cada uno.
Acerca de la vivienda ociosa, destacó la reciente aprobación de una tasa en la ciudad de Mendoza para gravar a las mismas.
La concejala Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura, agradeció “el rol de la Oficina en el actual contexto” y sugirió que en próximas reuniones se invite también al Poder Judicial, dado que “hay una Constitución Nacional, para defender cuestiones elementales”, dado que, dijo “la voluntad de las partes es una falacia”.
Requirió que “el Poder Judicial no se desentienda” para recordar cuando se había trabajado en un protocolo para evitar desalojos en barrios populares.
Por otra parte mencionó la necesidad de la puesta en marcha de la Empresa de Desarrollo Urbano municipal.
La edila Alicia Pino, del bloque Socialista, agradeció “la amplitud de la comisión” y destacó la existencia de “coincidencias” para trabajar. Planteó también el tema “urgente y amplio” de la vivienda ociosa y también acerca de la vivienda pública de alquiler, respecto al cual planteó que hubo “más desilusiones que soluciones”.
Sobre el final del encuentro se indicó que se efectuará antes de la próxima reunión del Consejo, un encuentro previo, ocasión en la que se definirá la fecha, con los tres ediles que representan al Concejo Municipal en el mismo.
Asistentes
Presidió la reunión la jefa de la Oficina Municipal del Consumidor, Solange Bobbett, y estuvieron el coordinador del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda Única, Inquilinos y Pymes, Ariel D’Orazio, la subdirectora de la Oficina, Silvia Franetovich; los ediles y edilas, Leonardo Caruana, del Frente Amplio por la Soberanía; Agapito Blanco, de Juntos por el Cambio, y Norma López, de Justicia Social –que representan al cuerpo en el Consejo; Alicia Pino, del bloque Socialista; Lisandro Cavatorta, de la bancada Justicialista; Mariano Romero, de Justicia Social, y Jesica Pellegrini, de Ciudad Futura.
También concurrieron los diputados provinciales Miguel Rabbia, de Construyendo Futuro, y Joaquín Blanco, del Partido Socialista, y los titulares de Concejalía Popular, el ex edil Nire Roldán; la Asociación de Inquilinos de Rosario, Emmanuel Canelli, y de la delegación Rosario de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Leandro Natali.
