.png)
El secretario de Trabajo incorpora a la mesa de Diálogo Social a camaristas que fallaron en contra de la reforma laboral del DNU de Milei y tiende puentes con la Corte por los cálculos indemnizatorios
Mientras que la política gira alrededor del escándalo de violencia de género y corrupción que surgió del peritaje al teléfono de la histórica secretaria del expresidente Alberto Fernández, el Gobierno acelera en silencio en su intento de llevar a la práctica una reforma laboral muchísimo más amplia de la que se aprobó en el Congreso en la Ley Bases. Dio ya un primer paso al alinear a los empresarios más poderosos agrupados en el G-6 y en abrir una grieta en la CGT, entre duros y dialoguistas. El desafío de Javier Milei es ahora avanzar sobre la justicia laboral, un fuero en el que se mantiene vigente la influencia y el lobby gremial.
Julio Cordero, el abogado histórico del Grupo Techint que asumió como secretario de Trabajo, invitó esta semana a sumarse a la mesa de Diálogo Social a Mario Fera, uno de los camaristas que falló en contra y consideró “inconstitucional” el capítulo IV del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el atajo al que recurrió Milei para modificar la legislación laboral sin un mero debate legislativo. De aceptar la citación, Fera no será el único juez laboral alrededor de esa mesa: ya se incorporó Manuel Diez Selva, que participó de la primera convocatoria, inaugurada por el ministro Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el ideólogo del DNU que está aún bajo revisión de la Corte Suprema. En el primer encuentro, los empresarios dejaron firme su postura: “Para nosotros, la agenda es el DNU 70/23. Para nosotros, el decreto está vigente”, plantó bandera Natalio Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio.
Las conversaciones de Cordero con diferentes jueces del fuero laboral se aceleraron después de los recientes fallos de la Corte Suprema que empujaron a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a revisar dos sentencias con la intención de limitar los intereses en los juicios por indemnización. La disyuntiva es indexar o no. Todo un dilema en una economía volátil.
El jueves hubo una reunión de urgencia de los camaristas laborales para intentar alcanzar una postura común ante un reiterado tirón de orejas de la Corte por los “desproporcionados” intereses establecidos en dos sentencias. Hubo posiciones disímiles y el debate jurídico promete continuar. Una señal de cambio de época, interpretaron algunos habitúes del fuero.
Este choque interno entre los jueces más tradicionales y los más ideologizados hace que sea imperioso en un contexto de inflación redefinir la tasa de interés para los créditos laborales y establecer una capitalización periódica, mediante ley nacional o acuerdo judicial. Gustavo Ciampa, un abogado laboralista al que se vincula con el kirchnerismo, propuso hace tres años establecer un índice que tome de referencia el kilo de asado. Una suerte de índice Big Mac, pero criollo. En un artículo en Página 12 de junio de 2022, Ciampa exhibió ejemplos reales y concretos que buscaron derribar el mito de que los trabajadores lucran haciendo juicio a las empresas. Hay otros casos a la inversa, por ejemplo, que son los que plantearon en conjunto ante la Corte Suprema dos entidades empresarias vinculados al campo y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa que rechazan aplicar como actualización el índice Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más el 6 por ciento por considerarlo “desproporcionado”. Dos caras de lo que Mauricio Macri llamó “la industria del juicio”. En definitiva, la demora de los procesos licúa las deudas del empleador, pero también los créditos del trabajador. La solución sigue pendiente.
Vacantes y la influencia de Recalde
En la Justicia laboral nacional se desempeñan unas 1500 personas y cuenta con menos presupuesto y recursos que otros sectores, según fuentes del gremio judicial. Hay seis vacantes sin cubrir en la Cámara y 20 en los juzgados de primera instancia. Los casilleros en blanco obligan a rotar jueces [subrogantes] y la sobrecarga hace que un expediente por un despido pueda demorarse entre ocho y diez años, de acuerdo a la que explicación que dieron dos reconocidos jueces del fuero. Esas vacantes claves podrían ser más en el corto plazo, cuando por una cuestión de edad deban dejar su cargo los jueces Daniel Stortini, titular de la Sala X, y Graciela Lucía Craig, de la Sala VI. Craig es la esposa de Héctor Recalde, exdiputado kirchnerista e histórico abogado laboralista vinculado a la CGT. Recalde conserva poder e influencia en el fuero: cuenta con jueces aliados en por lo menos cinco de las diez salas de la Cámara de Apelaciones, según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes judiciales, sindicales y empresarias.
Las observaciones del máximo tribunal coincidieron esta semana con la reglamentación de otro DNU, el que modificó el régimen de propinas para favorecer la utilización de medios de pago digitales. La reforma, que va en línea con el auge de las billeteras virtuales, incluyó en su letra chica un punto polémico: las propinas dejan de ser parte de la remuneración, pero sí son alcanzadas por el impuesto a las ganancias. Es decir, la base de cálculo de las indemnizaciones por despido de trabajadores que dependan de las propinas se reduce sustancialmente. Impacta sobre todo en el rubro gastronómico y el turismo.
En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, se entusiasma con un proyecto de ley que va a contramano de lo que pretende Sturzenegger: ya tiene media sanción y podría convertirse en ley a fin de mes una iniciativa que multiplica por siete las indemnizaciones, lo que eleva el cálculo ante un posible despido. Es una suerte de blindaje ante los 175.746 empleos registrados que se perdieron entre noviembre y mayo, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Los libertarios y sus aliados de Pro y la UCR se oponen y advirtieron sobre sus consecuencias negativas en el sector productivo.
Desde la génesis de la plataforma electoral de La Libertad Avanza, cuyo contenido laboral fue elaborado por Cordero siendo abogado de Techint, Milei pretende dinamitar la influencia sindical en la justicia laboral. De hecho, su primer secretario de Trabajo, Omar Yasin, impulsó casi como primera medida la necesidad de traspasar la justicia laboral al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde desde hace 17 años manda Pro. Para que eso suceda, debería enviarse un proyecto de ley al Congreso de la Nación y ser aprobado, y después ser tratado por la Legislatura porteña. Algunos abogados laboralistas afirman que sería “inconstitucional”. Si alguna vez se concreta, para Macri sería una suerte de revancha porque ya lo había intentado sin éxito durante su gestión, cuando se refirió a “la mafia de los juicios laborales” y a “la industria del juicio”, y denunció a magistrados por avalar reclamos salariales, retrotraer descuentos por días de huelga y exigir la reincorporación de personal despedido de organismos públicos.
Sin confrontar con los jueces, el Gobierno delegó las gestiones públicas en Cordero, pero también en otros operadores judiciales que tendrían línea directa con Ricardo Lorenzetti, uno de los miembros de la Corte que habría sido clave para que Milei se incline a postular a Ariel Lijo para integrar el máximo tribunal. La suerte de Lijo y Manuel García-Mansilla, el otro candidato a la Corte del oficialismo, sería determinante para que el oficialismo se decida a ocupar las numerosas vacantes que existen hoy en el fuero laboral. Una ingeniería que necesitaría de alianzas políticas en el Congreso y el Consejo de la Magistratura.
Sturzenegger, Cordero y 12 nombramientos
Como parte del mismo plan, Cordero logró quebrar a la CGT y sumó el jueves a representantes sindicales a la mesa de Diálogo Social, en la que en este segundo encuentro se debatió sobre la inteligencia artificial y sus consecuencias sobre el empleo. La comitiva cegetista estuvo encabezada por Argentino Geneiro, uno de los peones de confianza de Luis Barrionuevo. Geneiro asistió junto con dirigentes de segunda línea de otros sindicatos del ala dialoguista, como lo son Sanidad, Uocra, Comercio y Obras Sanitarias. Este gesto le sirvió a Cordero para reabrir el diálogo y dejar al descubierto las diferencias internas en la CGT entre los que están dispuestos a negociar y los más combativos, liderados por Pablo Moyano, quien se mostró con el estatal Rodolfo Aguiar, un crítico de la pasividad cegetista.
La semana que viene la cúpula cegetista tiene previsto un encuentro reservado para trazar su hoja de ruta. El tercer paro general contra Milei que algunos sectores vienen gestando está cada vez más lejos por la descomposición en la que está sumido el peronismo a partir del escándalo de Alberto Fernández. “No hay clima de paro, mucho menos con el quilombo de Alberto. Fue un sismo, que todavía no sabemos cuándo se termina. Pablo Moyano no va a poder romper la CGT”, reconoció un influyente dirigente sindical que supo ser un incondicional del expresidente. En la CGT hay una sensación de que los resultados del peritaje al teléfono de Fernández podrían terminar con el PJ tal como está hoy representado.
Frente a este contexto, el sector mayoritario de la CGT aceptó la convocatoria del secretario de Trabajo. La palabra de Cordero, sin embargo, perdió credibilidad entre los sindicalistas. No solo ven que no tiene casi injerencia, sino que algunas de sus promesas no se llevan a cabo. Esta semana en Diputados, por ejemplo, comenzaron a debatirse los proyectos de ley para limitar los mandatos sindicales y los que pretenden eliminar “la cuota solidaria”, dos medidas que afectarían el poder de representación y recaudación de los gremios en caso de que prosperen en el Congreso. Cordero les había dicho que eso no ocurriría, ni que tenía aval oficial, a pesar de que detrás de esas iniciativas está la mano de Sturzenegger. Es un tema que renueva la desconfianza más allá de que Cordero y la mayoría de los jefes sindicales se conocen desde hace décadas.
Las tensiones entre Cordero y Sturzenegger se acentuaron cuando se conoció que el secretario de Trabajo nombró el mes pasado 12 asesores, algunos de ellos con sueldos de más de $2.500.000 y con actividad activa en el sector privado. Entre las designaciones, figura una abogada que se desempeñó en el estudio jurídico del hijo de Hugo Moyano. ¿Casualidad o un gesto hacia el líder camionero?
